Consejo
Profesional
de
Ciencias Económicas
de
Mendoza
COMISION JÓVENES PROFESIONALES
PLAN ANTIEVASION
II - PRESCRIPCION.
MODIFICACIONES A
LA LEY DE PROCEDIMIENTO
TRIBUTARIO
VINCULADOS CON LAS PRESCRIPCIÓN
TRABAJO TECNICO ELABORADO POR LA COMISION
A través de la Ley nº 26.044 y el Decreto nº 777/05 conocido como “Plan Antievasión II” se han introducido diversas modificaciones a la ley de procedimiento tributario. En esta oportunidad analizaremos en particular los aspectos vinculados con las normas de prescripción.
La
prescripción conlleva la extinción de las acciones derivadas de un derecho como
consecuencia de su abandono por el titular durante un determinado lapso de
tiempo. Además tanto la prescripción como cualquier otra clase de obligaciones
constituye un aspecto sustancial de relación jurídica tributaria, pues alude al
plazo máximo en que se hacen exigibles, aspecto que cobra relevancia más allá
de los intereses particulares de los acreedores o deudores.
1.
Suspensión
del curso de la prescripción en caso de no practicarse denuncia penal.
Se
sustituye el texto del inciso d del artículo 65 de la ley 11.683 (Ley de
procedimiento tributario), introduciendo otra causal de suspensión del curso de
la prescripción en aquellos casos donde la A.F.I.P. advierta y examine la
posible existencia de la comisión de alguno de los ilícitos tipificados en la
ley 24.769 (Ley penal tributaria).
La
modificación hace referencia a que se suspenderá el curso del término de la
prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el
pago de los tributos, como así también para aplicar sanciones, desde el momento
en que se de inicio al procedimiento del artículo 19 de la ley 24.769 mediante
el dictado de la resolución respectiva y hasta los 180 días posteriores a la
notificación a la A.F.I.P. por parte del Ministerio Público Fiscal competente
de la resolución adoptada.
El
artículo 19 de la ley 24.769 regula los casos en los que no obstante que la
determinación supere los montos que conforman la condición objetiva de
punibilidad prevista en los artículos 1, 6, 7 y 9 de esa misma ley, no
correspondería formular denuncia debido a que las circunstancias y demás
elementos del caso excluyan a priori la existencia de un delito.
Críticas a las modificaciones:
- Actualmente la A.F.I.P. debe
emitir la resolución y comunicar a la Procuración del Tesoro, pero la
reforma dice que debe ser al Ministerio Público Fiscal, ya que está en
tratamiento parlamentario la reforma de la ley penal tributaria, entonces
puede consultarse a un ente no previsto si la reforma de la ley penal
tributaria no se lleva a cabo, de todas maneras las suspensión correría
desde ese momento (emisión de la resolución).
- El artículo 19 de la ley
penal tributaria hace referencia a que la deuda debe estar determinada,
entonces la nueva causal de suspensión se estaría refiriendo especialmente
a las acciones y poderes del Fisco Nacional para ejecutar obligaciones
impagas, previamente determinadas, y para aplicar sanciones
administrativas y no que se suspenda el curso del término para determinar
como dice la reforma, ya que para hacer la denuncia penal se requiere que
esté hecha la determinación. Ahora
si se interpreta que el artículo 19 de la ley penal tributaria no sólo se
refiere a los casos en que se determina de oficio, entonces en caso de que
exista, esta habría tenido lugar al momento de emitirse la resolución que
inicia el camino previsto en el mencionado artículo 19 y que concluye que
no existen elementos que indiquen ilícito penal, ahí se produce la
suspensión y luego podrá efectuarse la determinación y aplicar sanciones
conforme al artículo 74 de la ley 11.683, ya que si hace la denuncia
después de hecha la determinación
y se confirma que no existen elementos para verificar el delito,
perdería la posibilidad de imponer castigos.
Cabe
además decir que la reanudación del término está prácticamente supeditada a la
exclusiva voluntad de las dependencias administrativas que intervienen en estos
casos (notificación de lo dictaminado a la A.F.I.P.), pues el cese de la
suspensión no se origina en circunstancias objetivas predeterminadas o en
plazos
máximos, sino que depende de los tiempos necesarios o no de los funcionarios
actuantes pudiéndose extender holgadamente el plazo quinquenal originariamente
establecido.
2. Suspensión especial para
determinar de oficio obligaciones tributarias cuya prescripción resulta
inminente.
El
artículo incorporado a continuación del artículo 65 de la ley 11.683 dice que
se suspenderá por 120 días el curso de la prescripción de las acciones y
poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de las impuestos regidos por
la presente ley, y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde las fecha
de notificación de la vista del procedimiento
de determinación de oficio o de
la instrucción de sumario correspondiente, cuando se trate del último
período fiscal a prescribir y dichos
actos se notificaran en el último semestre del año en que se producen las
respectivas prescripciones.
3. Interrupción del curso de la
prescripción en caso de multas.
Se
incorpora al artículo 68 de la ley 11.683 como inciso c el siguiente:
Por
renuncia al término corrido de la prescripción en curso, en cuyo caso el nuevo
término de la prescripción comenzará a correr a partir del 1º de enero
siguiente al año en que ocurra dicha circunstancia.
4. Reducción del plazo de
prescripción para solicitar reintegros o devoluciones.
El artículo 2º de la ley 26.044 establece que “los plazos de prescripción previstos en el inciso c y en el último párrafo del artículo 56 de la ley 11.683, t.o. en 1.998 y sus modificaciones, se considerarán operados al 31/12/2.005 y resultarán de aplicación para los términos de prescripción que se encuentren en curso a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, en la medida que hubieren superado los plazos previstos en dichas normas”.
La
ley 25.795 estableció el plazo de prescripción de 5 años de las acciones del
Fisco para determinar y reclamar el
pago respecto de créditos fiscales indebidamente acreditados, devueltos o
transferidos. Hasta dicha ley se
interpretaba que el plazo era 10 años según lo que se desprendía de las normas
del Código Civil.
Esta
nueva norma representa una transición entre el plazo anterior y el nuevo, de
modo que en los casos en los cuales se hubiese superado el plazo quinquenal, la
prescripción se considerará cumplida el 31/12/2.005. Cabe aclarar que si no se
hubiera superado dicho plazo, se toma el existente hasta la reforma de la ley
25.795 más el que surge de esta.